Apoyo a plan Trump para deportar por delitos del pasado

17 de octubre 2018

El nuevo juez elegido y propuesto por Trump, se pone a la par de su promotor en temas contra inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
le da la mano al juez de la Corte Suprema
Brett Kavanaugh antes de una toma de posesión
ceremonial en la Sala Este de la Casa Blanca,
en Washington, el pasado 8 de octubre de 2018.

LA PRENSA

Redacción

No ha hecho más que asumir su cargo como nuevo miembro de la Corte Suprema y ya el juez Brett Kavanaugh se ha manifestado a favor de uno de los más polémicos planes de la administración Trump.

El pasado fin de semana el letrado se refirió a la idea de Trump de que los inmigrantes legales con antecedentes penales pueden ser arrestados y detenidos para su deportación, años después de haber sido condenados, e incluso cuando estos ya han cumplido sus sentencias.

Se trata, de acuerdo con una nota de Los Angeles Times, de una ley federal que exige la detención obligatoria y la posible deportación de “extranjeros criminales”, incluidos los inmigrantes legales que han sido condenados por delitos que van desde actos de violencia hasta la simple posesión de drogas.

Esta ley establece que el secretario de Seguridad Nacional “tomará en custodia a cualquier extranjero” con antecedentes penales, lo que podría conducir a la deportación “cuando el extranjero sea liberado”, según el rotativo.

Sin embargo, aquí el debate se enfoca justamente en cuándo debe o puede ser aplicada esta ley.

Abogados de la American Civil Liberties Union (ACLU) criticaron en una demanda colectiva presentada en California que esta política de detención obligatoria se aplicara contra inmigrantes legales que habían vivido y trabajado en su comunidad durante décadas, luego de haber cumplido condenas por delitos menores, como la posesión de drogas.

Mientras, el gobierno manifiesta que una disposición de esta ley firmada en 1996 exige el arresto y encarcelamiento de tales inmigrantes, a pesar de no poseer récord criminal posterior al cumplimiento de sus penas.

Pero ahora Kavanaugh pone en tela de juicio la afirmación de la ACLU de que esta regla de detención obligatoria debe aplicarse solo a los inmigrantes que sean detenidos en el momento en que son liberados de las cárceles locales o de las prisiones estatales, y no a quienes están en libertad desde hace años.

“El Congreso no puso un límite de tiempo --enfatizó Kavanaugh, en una posición afín a la de su patrocinador Donald Trump--. Plantea una pregunta real sobre si debemos establecer un límite de tiempo”.

Kavanaugh cuestionó además los argumentos de la ACLU de que los inmigrantes detenidos tienen derecho a audiencias de fianza que posibiliten las liberaciones.

“El problema es que el Congreso no confía en esas audiencias”, remarcó el juez.