La crisis en Nicaragua es cada vez más fuerte y la presión internacional se hace sentir
El problema de Nicaragua se sigue recrudeciendo
mientras su presidente, Daniel Ortega, se aferra al poder.
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LA PRENSA
Redacción
Dos días después de haber sido expulsados de Nicaragua, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado a conocer el reporte en el que trabajaba, acerca de las causas de la violencia que se ha cobrado cientos de vidas en el país centroamericano.
La conclusión es demoledora. El Grupo Internacional de Expertos Independientes, bajo encargo de la CIDH y la Organización de Estados Americanos, ha señalado al Gobierno que encabeza Daniel Ortega como el responsable de más de 100 asesinatos durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril.
“El Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”, dijeron los expertos en el reporte que han entregado este viernes.
Las consecuencias para Ortega que ya ha sido sancionado por el Gobierno estadounidense, incluyen la no prescripción del delito, lo que significa que en cualquier momento de la historia podría ser juzgado por un tribunal internacional. Sin embargo, juzgar a un mandatario en activo no es tarea fácil. Requeriría que el Consejo de Seguridad de la Organizaciones de Naciones Unidas, la máxima autoridad internacional solicitara la intervención de la Corte Penal Internacional. Y aún en ese caso Daniel Ortega no podría ser arrestado mientras permanezca en Nicaragua.
El informe es resultado de una minuciosa investigación iniciada bajo el aval del Gobierno nicaragüense este verano. Basado en testimonios de víctimas y testigos, en videos y en documentos oficiales, es la aproximación más fiel que se haya hecho a la fecha de la crisis.
Las protestas contra Ortega estallaron el 18 de abril tras un intento fallido de reformar la seguridad social. La reacción violenta del Gobierno se cobró la primera vida de un estudiante el 19 de abril, lo que provocó más protestas y en poco más de un mes la cifra de muertos ya superaba el centenar.
En los ocho meses que han transcurrido desde entonces han habido al menos 325 asesinatos, más de 400 detenciones arbitrarias y miles de desapariciones.
Al respecto, “el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) pudo determinar que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, cuyos efectivos actuaron directamente y también de manera coordinada con grupos armados paraestatales”, señaló el reporte.
A pesar de que se registraron asesinatos de policías y paramilitares, la mayoría de las víctimas han sido civiles, según ha informado el GIEI.
Originalmente el informe se iba a presentar en suelo nicaragüense, pero el canciller, Denis Moncada, dio un plazo de 72 horas a los observadores internacionales para retirarse, tras llamarlos divulgadores de información falsa.
“Esta nueva realidad pone a Nicaragua en nuestra lista de las más graves situaciones de Derechos Humanos en la región”, dijo Paulo Abrao a la televisora británica BBC, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana.
A la condena de la Organización de Estados Americanos (OEA) se suma la reciente decisión de la administración Trump de sancionar económicamente a las cabezas del gobierno nicaragüense, incluido Ortega y su esposa Rosario Murillo.
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