Demandan al gobierno de Obama por deportaciones

10 de febrero, 2016

Un grupo de organizaciones, entre ellas la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés), demandó que la Administración Obama destape y muestre los detalles de su política de deportación de migrantes centroamericanos indocumentados.

El Presidente Barack Obama

La demanda, fundamentada en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por su sigla en inglés), exige al Departamento de Justicia que libere los documentos de la política que ordenó colocar en proceso de vía rápida los casos de familias de migrantes originarios del Triángulo Norte que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.

Triángulo Norte es el nombre con el que se conoce a Guatemala, El Salvador y Honduras, países centroamericanos que firmaron un acuerdo de integración económica. Estas tres naciones se ubican en una de las zonas más mortíferas del mundo.

El pasado 3 de febrero el Departamento de Justicia envió un memorándum a la totalidad de los jueces de las cortes de inmigración instruyéndolos a priorizar los casos de estos migrantes para procesarlos de manera acelerada, tal y como se ha venido haciendo desde el 2014.

También pide revisar los expedientes a efecto de abrir aquellos casos que hayan sido clasificados erróneamente.

A partir del lunes las cortes de inmigración ampliaron el plazo que otorgan a los migrantes para que se presenten ante un juez.

El plazo era de 10 a 21 días y fue extendido a entre 90 y 120 días, para que los solicitantes de asilo puedan preparar mejor sus casos.

Pero los cambios no tranquilizan, ni a las organizaciones ni tampoco a AILA.

La demanda alega que la Oficina Ejecutiva para Revisión de Inmigración (EOIR), que supervisa los tribunales de inmigración, no ha explicado por qué puso los expedientes de migrantes centroamericanos en proceso de vía rápida.

“Sin esta información los abogados no tienen la oportunidad de defender eficazmente a sus clientes”,  dijo AILA.

Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre del año siguiente) la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes en la frontera entre Texas y México cuando intentaban ingresar al país sin autorización. En el 2015 la cifra bajó en un 42%, pero los 20,164 arrestos llevados a cabo en los primeros cuatro meses del año fiscal 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 31 de enero de este año) inquietan a la Casa Blanca.

En enero el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, Nueva York, reportó que las cortes de inmigración habían dictado 18,607 órdenes de deportación a niños y mujeres migrantes centroamericanos en los últimos 18 meses. Y que el 86% de los casos no tuvo representación legal.

El Departamento de Justicia dijo que “sólo un pequeño número de aquellos a quien se le ordenó la expulsión (orden de deportación) le indicó al juzgado de inmigración que estaba peticionando asilo”.

Los demandantes señalan que la política de deportaciones del gobierno ha segmentado a los migrantes centroamericanos que busca asilo.

Las redadas

En vísperas de la Navidad del 2015 se conoció que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés) ultimaba un plan de redadas cuyo blanco eran migrantes centroamericanos (principalmente niños y mujeres) que recibieron una orden de deportación.

La primera semana de enero agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) llevaron a cabo operativos en los estados de Carolina del Norte, Georgia y Texas arrestando a 121 migrantes que habían ingresado sin permiso al país, no tienen causa de asilo y recibieron una orden de deportación.

Días después de la operación la directora de política interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, dijo a Univision que este grupo de personas (los migrantes que entraron después del 1 de enero de 2014, perdieron sus reclamos de asilo y tienen una orden de expulsión) se encuentran en la lista de prioridades de ICE, al igual que los extranjeros con antecedentes criminales.

AILA señaló que la mayoría de los solicitantes de asilo no ha tenido representación legal adecuada, y que defensores pro bono han tenido dificultades para acceder a sus clientes y poder armar sus casos para justificar sus pedidos de refugio en las cortes de inmigración.

También señalan que 12 de los 121 detenidos el primer fin de semana de enero por agentes de ICE, permanecen en una cárcel de ICE en Texas y deberían ser puestos en libertad porque no constituyen una amenaza para la seguridad nacional.

“Nuestros abogados representan a muchas de las mujeres y niños que se han enfrentado y han huido de la violencia inenarrable que se vive en América Central. La información que estamos buscando es crítica para asegurar que sus derechos y el debido proceso sea protegido”, dijo AILA.